En la ciudad de La Plata (Buenos Aires,Argentina), el día 9 de julio, mientras en varias postas vacunatorias como la de 4 y 51 o la de 66 e/152 y 153 se vivía una situación escandalosa con personas mayores de 80 años (en su gran mayoría), parados al sol durante varias horas. Leíamos en los medios que desde el poder judicial dictaminaban respecto a las vacunas que recibieron varias personas por su cercanía con el poder: “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Me permitiré disentir, desde mi rol de eticista, pues la corrupción es transversal a varias conductas ilícitas, las cuales deben ser subsumidas en una norma por un juez. Quien es funcionario público y desvía de los circuitos naturales la distribución de la porción de justicia que a cada ciudadano le corresponde, acelerando procesos o lentificándolos, incurre en corrupción, pues en ambos casos constituye un tráfico clandestino entre repatidores y favorecidos.
Tampoco es un tipo penal salir o ingresar al país y sin embargo hay quienes sufrirán demoras y hasta prohibiciones (los de siempre), mientras otros entrarán y saldrán sin inconvenientes.
Mientras existen restricciones al derecho de reunión que se penan con multas que afrontarán(los de siempre), es posible que otros se reúnan masivamente, realicen encuentros e incluso fiestas, sin ser sancionados.
Desde el poder se nos alecciona respecto a qué es la “falta de compromiso” o la “falta de solidaridad”, también se nos “reprende” por haber desconfiado de la vacuna y ahora por “pretender” vacunarnos, se nos define qué protestas públicas son llevadas a cabo por “gente” y cuales, no, como dijo un funcionario en referencia a una manifestación: “no son la gente, no son el pueblo, no son la Argentina”.
Se nos explica qué puede entender una persona con discapacidad respecto a la pandemia. Estas, como tantas cosas que nos dicen y constituyen en algunos casos, graves errores conceptuales, en otros, una gran ignorancia y en todos una irresponsable subestimación del ciudadano.
Sea como sea quien detenta el poder es quien tiene la mayor responsabilidad de: vacunar prioritariamente a las poblaciones de riesgo, no viajar al exterior cuando establecen que no se debe, aislarse ante contactos estrechos, no reunirse multitudinariamente , no discriminar a las personas, tener a sus empleados en blanco, comprar los insumos para la atención de la salud pública de los ciudadanos y repartirlos según las necesidades específicas, atenderse en los hospitales públicos que(según declaman) brindan servicios de salud de calidad, no mentir, no beneficiar a sus conocidos, no hacer propaganda con su trabajo( para el cual los investimos de un cargo público y reciben un salario).
Los invito a reflexionar sobre algunas preguntas:
¿Cuántos docentes conocen que hayan colocado carteles en sus escuelas que digan “aquí se alfabetizaron gracias a mí”?
¿Cuántos médicos conocen que regalen a sus pacientes camisetas con la leyenda “a mí me salvó la vida tal doctor”?
Creo que habrán respondido negativamente a ambas cuestiones, para finalizar les dejo una última pregunta:
¿Cuántas personas conocen que no completaron el tan necesario programa de vacunación para enfrentar el covid 19?
*Mónica Bornia
Escritora/Filósofa del Derecho
@borniamonica
